DEBATE // MEMORIA HISTÓRICA

La ‘Transición’ y la ley de la vergüenza

OCTAVIO ALBEROLA, Periodista, historiador, miembro del MLE en la clandestinidad antifranquista y del grupo por la reapertura del Caso Granado y Delgado
El anteproyecto de ley sobre Memoria Histórica presentado el 28 de julio ha generado un enorme rechazo entre las asociaciones afines al bando derrotado en la Guerra Civil. La ley perpetúa la impunidad legal al no anular las sentencias judiciales franquistas; equipara los dos bandos, obviando que uno de ellos era el popularmente elegido; y no entra en el tema de las fosas comunes. Reproducimos una valoración sobre dicho proyecto.
















Franco se jactó de dejar todo “atado y bien atado”, y, de cierta manera, los acontecimientos posteriores parecen haberle dado razón. No sólo la “Transición a la democracia” se hizo en el marco de la legalidad definida por las Leyes fundamentales del régimen franquista sino que en ningún momento esta ‘legalidad’ ha sido puesta en causa institucionalmente.

La llamada “Transición” fue un conciliábulo entre un grupo de jerarcas franquistas (forzados a aceptar la Democracia para que España pudiese entrar plenamente en la Europa del Mercado Común) y otro de dirigentes de la oposición antifranquista institucional (incapaces de exigir y menos de imponer un verdadero cambio de régimen). Por ello esta transacción (“Transición”) produjo una Democracia “bien atada”, sin ruptura institucional con el franquismo, y una vergonzosa amnesia histórica oficial, que aún continúa, para que los crímenes del franquismo quedasen impunes.


Tesis dudosa

Pero lo más vergonzoso de esta transacción (“Transición”) no es que haya garantizado la total impunidad a los responsables de esos crímenes sino que haya mantenido la tesis de la “imposibilidad” de rehabilitar jurídicamente a las víctimas de la represión franquista. Una ‘tesis’ según la cual no se puede anular las sentencias pronunciadas por los tribunales represivos de la dictadura porque la Constitución de 1978 no es retroactiva... Una curiosa ‘tesis’ que ya sirvió para denegar el Recurso de revisión del dirigente comunista Julián Grimau, sentenciado y fusilado en 1963, presentada por su viuda durante la última gestión gubernamental de Felipe González.

Esta falta de ‘voluntad’, moral y política, para obligar a la justicia de la democracia a respetar las normas del Estado de Derecho que pretende ser y a no validar los juicios en los que no estaban garantizados las normas y derechos procesales, ha caracterizado a todos los gobiernos que se han sucedido desde que se aprobó la actual Constitución, y es la mayor vergüenza y deshonor de la democracia que se pretende haber instaurado desde entonces. Vergüenza y deshonor que continúan, puesto que los tribunales de la justicia ‘democrática’ siguen negándose a revisar los juicios de los tribunales represivos de la ‘justicia’ franquista con el cínico pretexto de que fueron realizados “en conformidad con la legalidad de la época”. Una legalidad responsable de miles de asesinatos legales y de la permanente violación de las normas jurídicas fundamentales del Estado de Derecho que los promotores de la “Transición” pretendieron restablecer.

Una vergüenza y deshonor que continuarán si el Proyecto de ley, elaborado por la Comisión Interministerial de Memoria Histórica y presentado por el gobierno Zapatero, es aprobado; puesto que no contempla la rehabilitación jurídica de las víctimas de la represión franquista. Y ello pese a que la vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, lo había prometido públicamente en 2004 al anunciar, a la prensa, los objetivos de esa Comisión Interministerial.


Decepción

La verdad es que, a pesar de pretender reconocer y ampliar “derechos” y establecer “medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”, y de promover “su reparación moral y la recuperación de su memoria personal y familiar” y adoptar “medidas complementarias destinadas a suprimir elementos de división entre los ciudadanos”, este proyecto de ley ha decepcionado... Y no sólo por no permitir la rehabilitación jurídica de las víctimas de la represión franquista sino también por desconsiderarlas e injuriarlas: al equiparar a los que luchaban, durante la guerra y después, por “los principios, valores y libertades” que hoy son constitucionales con los que durante más de 40 años no permitieron su vigencia en España.

Los redactores del Proyecto “justifican” tal equiparación, entre víctimas, para “fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones de españoles”; pero es una cínica burla tratarlas en plano de igualdad, pues “olvidan” que las franquistas tuvieron ya suficiente reconocimiento institucional y material durante todos los años que duró la Dictadura.
Ciertamente, la equiparación entre las víctimas de ambos bandos se ha vuelto, desde hace algunos años, en el leitmotiv “ético” de cuantos hablan de la guerra civil como de un “drama” que terminó, 40 años más tarde, cuando quienes hicieron la transición “se reconciliaron para recuperar las libertades...”. La guerra civil sería pues solamente un “episodio lamentable...” y de ahí la “ocurrencia” de un ministro socialista de hacer desfilar juntos -hace un par de años- a un fascista de la División Azul y a un antifascista español de la División Leclerc, y que, 70 años después de la sublevación militar contra las instituciones de la II República, el Gobierno socialista no lo haya recordado... Al contrario, siguiendo la pauta marcada ya por el Gobierno de Felipe González en ocasión del cincuentenario de la insurrección militar (cuando afirmó que “una guerra civil no es un acontecimiento conmemorable”), el Gobierno de Zapatero ha seguido ocultando la verdad histórica.


Ilusiones

Pero las polémicas desatadas estos últimos años han demostrado lo infundado de la pretensión de relegar la investigación del pasado a los especialistas de la historia. Una espúrea pretensión que el gobierno de Felipe González había explicitado descaradamente en un comunicado declarando que el conflicto de 1936 era “definitivamente historia” y que “no tiene ya -ni debe tenerla- presencia viva” en la sociedad española contemporánea, y en el que el homenaje a los defensores de las instituciones republicanas frente al golpe de Estado pretoriano se veía matizado por un recordatorio respetuoso para “quienes, desde posiciones distintas a la España democrática, lucharon por una sociedad diferente a la que también muchos sacrificaron su propia existencia”.

Esta ilusión-pretensión, de que el alejamiento del 18 de julio de 1936 en el tiempo sellase “definitivamente la reconciliación de los españoles”, no se ha realizado. Y no sólo por la invariable “convicción” de la derecha más reaccionaria y del PP en seguir considerándose los “vencedores” sino, sobre todo, por su cicatera oposición a condenar al régimen franquista y a rehabilitar, moral y jurídicamente, a los “vencidos” y represaliados por la dictadura franquista. Por ello es inaceptable que Zapatero y los socialistas hayan preferido congraciarse con el PP a hacer justicia a los que sufrieron represión por luchar contra esa Dictadura. Es pues un deber moral y político decirlo.